La cuestión catalana

Respecto a la cuestión catalana, es necesario partir de la base de que no cabe derecho de autodeterminación. Ahora la mayoría de los catalanes ya no dicen como en 1932: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español” como afirmaba Azaña en el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las Cortes, ahora parecen decir: “Queremos vivir fuera del Estado español”. Sin embargo, esta pretensión es ilegítima en el sentido que no cabe dentro de la ley, es más, rompe con ella y desarticula la Constitución de 1978. El problema catalán debe ser, entonces, resuelto ofreciéndose una alternativa posible de convivencia dentro del orden jurídico que es España: ésta pasa por la reforma constitucional y/o por una utilización innovadora de los recursos disponibles actualmente. La alternativa será, sin duda y en cualquier caso, temporal ya que mientras España subsista parece, vista la escasa historia democrática que hasta hoy nos precede, condenada a una eterna política de apaciguamiento con Cataluña como así lo llegó a ver el propio Azaña, ya descontento, en 1940: “nuestro pueblo está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario o asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones”[1]. Todo lo que se haga y se conceda nunca será suficiente, siempre se reclamará otra acción o concesión más. Sin embargo, es cierto que cuando la circunstancia para el país es de bonanza en todos los sentidos, el nacionalismo catalán tiende a diluirse, mientras que un estado de decadencia hace resurgir el espíritu de la autodeterminación. Así lo señalaba Ortega: “Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos; un Estado de buena ventura, los nutre y los reabsorbe”[2]. Por tanto, el buen hacer político: el fin de la corrupción, la eficacia de la Justicia, el sostenimiento de un Estado del Bienestar que satisfaga las necesidades básicas de los ciudadanos, el crecimiento económico y la reducción del paro, el consenso en las políticas de Estado, el fin de la crispación política, el dialogo entre el gobierno central y las autonomías, unos objetivos claros que alcanzar colectivamente…, en resumen, un sugestivo proyecto de vida en común que ilusione socaba desde la raíz el movimiento independentista porque la causa de la necesidad de salir de un Estado bienaventurado se vuelve absurda. Esta sería la primera condición que se debiera garantizar para gestionar el problema. Si, incluso en circunstancias beneficiosas, el problema persiste de forma exaltada, un régimen fiscal propio como el vasco puede ser incluido en un nuevo y amplio Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformando la Constitución si es preciso. Pero, de cualquier modo y como conclusión, como diría Ortega, la cuestión no es la resolución (imposible) del problema sino conllevarlo si es posible hasta el final de los tiempos, cediendo lo menos posible cuando la situación sea insostenible y aplicando el artículo 155 cuando se atente directamente contra la Constitución (como el 6 y 7 de septiembre de 2017). “El conllevarnos dolidamente, es común destino”[3] y conllevarnos diariamente con un cuidado exquisito y una atención permanente por parte del gobierno central hacia los verdaderos problemas cotidianos de los catalanes, que son idénticos a los de la mayoría de los españoles, incluyendo los que tocan a sus particularidades (su cultura, su lengua y sus formas de vida propias y características) es la mejor forma de hacerse cargo de la cuestión catalana.

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[1] Manuel Azaña, Causas de la guerra en España, (Barcelona: Grijalbo, 2002), 61.

[2] José Ortega y Gasset, Discurso sobre el Estatuto de Cataluña, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, Núm. 165, 13 de mayo de 1932, 5582.

[3] Ibid. 5577.