viernes, 20 de septiembre de 2024

Revista Reserva: 22 años después


Para Calahorra, tener un puente para cruzar el Cidacos ha sido siempre una necesidad vital, tanto para las comunicaciones como para el desarrollo de la agricultura. A lo largo de la historia, como expone Ana Jesús Mateos en “Los puentes de la ciudad de Calahorra” (Kalakorikos, 3. 1998), la forma de construirlos y la ubicación de los puentes fue variando. El primero (del que hay constancia) fue el puente romano de piedra que cruzaba el río desde el Convento del Carmen hasta el arco de San Miguel y que, siendo reparado periódicamente, se desplomó por las riadas en septiembre de 1845 debido a la mala calidad de los materiales; de él aún se conservan machones y, recientemente, se han descubierto nuevos restos que el Ayuntamiento debe velar por consolidar y proteger. El segundo puente fue construido en madera junto a la Catedral en 1835 como parte de la Carretera de La Rioja, éste fue igualmente derrumbado por las riadas de septiembre de 1845. El tercero, edificado en madera al sistema americano, fue el puente de la Princesa que se bendijo en 1853 y que, tras múltiples reparaciones, fue derribado en 1861. El cuarto fue el Puente de Hierro, concluido en 1870. El de Hierro era un puente prototípico debido a su novedosa estructura (de los inicios de la arquitectura del hierro), a ser uno de los primeros puentes en ser diseñado por un ingeniero español, José Echeverría y a su temprana construcción (el primero y más antiguo de La Rioja). Era, en fin, un puente único y singular.

Aquel puente de hierro fue desmantelado el 21 de septiembre de 1999, hace 22 años, por orden del Gobierno de La Rioja, presidido por Pedro Sanz y con Aránzazu Vallejo como consejera de obras públicas, y con el asentimiento del Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra, con Javier Pagola de alcalde y Luis Martínez-Portillo de concejal de urbanismo. Los nombres de todos estos (ir)responsables quedarán escritos en el libro negro de la historia de la ciudad. Aquella destrucción innecesaria y evitable fue una indignante demostración de poder y una declaración de intenciones de las mayorías absolutas del PP en la comunidad y en el ayuntamiento. Fue innecesaria porque durante más de 120 años el puente había cumplido su función, siendo al menos hasta los años 70 el de más tráfico rodado de la provincia de Logroño, y porque carecía de cualquier problema estructural. Y fue evitable porque si se deseaba permitir el tráfico simultáneo de vehículos, se podría haber construido otro puente.

Como en una realidad paralela, el 16 de septiembre del 2009 se reinauguraba el Puente de Hierro de Logroño tras ser restaurado, invirtiéndose en él 2 millones de euros. Asimismo, el mes pasado se volvía a anunciar una inversión de centenares de miles de euros en el puente logroñés por parte del Ayuntamiento y del Gobierno de la Rioja. “Nada nuevo bajo el sol”, en 1925, al hilo de la insurrección del verano de 1892 provocada por los rumores de la traslación de la Silla Episcopal de Calahorra a Logroño, el Padre Lucas en “Historia de Calahorra y sus Glorias” escribía el siguiente párrafo:

… dominadas las alturas por el enemigo, dirigía éste sus certeros proyectiles contra una ciudad que […] se cubría con su única vestidura en el valle de la humildad. Cuando Calahorra, a la par que contemplaba sin pasiones, la profusión con que el tesoro español ha decorado y enriquecido en su interior y en sus afueras a la ciudad de Logroño, ella mendigaba como sigue mendigando, unos míseros tablones con los cuales repara, y con retraso, su puente del Cidacos. Cuando se la quiso desnudar de su único y precioso manto…, entonces, se sintió tan fría, que comprendió debía reaccionar con un movimiento extraordinario, con agitación briosa; y, en aquel día, solamente los enfermos agónicos permanecieron en el lecho del dolor. ¡Qué triste espectáculo es el ver desnudar a un pobre para vestir a otro ser bien acomodado y rico! (Libro I, p. 335).

Es lamentablemente curioso como en 1999 ya no se exigían tablones para reparar el puente centenario, sino que éste no fuera derribado. Muchos calagurritanos, a título individual y organizados en asociaciones (Amigos de la Historia, Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Peregrinos del Señor Santiago, Ecologistas en Acción y Asociación para el Desarrollo Turístico “Calagurris”), “reaccionaron con un movimiento extraordinario” y mediante publicaciones en prensa, recogidas de firmas, concentraciones, manifestaciones e, incluso, mediante la paralización de las obras intentaron proteger el “único y precioso manto” que cubre Calahorra, “sus tan preciosas joyas” que la Historia le ha dado. Que esta tribuna sirva para recordar su resistencia y para rememorar aquel atentado contra el patrimonio de Calahorra en su vigésimo segundo aniversario; por todos aquellos que defienden su historia y su patrimonio de los ataques de sus enemigos.

viernes, 2 de octubre de 2020

Revista Reserva: ¿Por qué no Montecarlo?

En 1843, cuando la iglesia, el convento y la huerta del Carmen fueron adquiridos por el alfareño Teodoro Ramírez tras la desamortización de Mendizábal, éste nuevo propietario empezó a hacer obras, quitando las tejas y destruyendo parte de la cúpula del templo. Estos hechos provocaron una reacción instintiva de los calagurritanos, que acudieron a defender su santuario y a increpar a los obreros (incluso un cura de la Catedral, Ignacio Herreros, fue procesado por insultar a los trabajadores que estaban desmantelando el tejado de la iglesia). Por su parte, el alcalde intercedió para que se suspendieran las obras. Curiosamente, en unas notas estudiadas por J. M. Maquirriain en el “Largo día de los Carmelitas Descalzos en Calahorra 1603-2003”, en las que probablemente se mezcla la historia y la leyenda, se cuenta que “los niños, oyendo en sus casas lamentarse a sus mayores por la demolición iniciada de la iglesia, al salir de la escuela, llenándose los bolsillos de piedras, bajaban al Carmen y las lanzaban con toda su fuerza contra los obreros, hasta tal punto que éstos se negaron a continuar el trabajo” (p. 114). Salvando las distancias, las “obras” que está realizando la Provincia de San Joaquín de Navarra contra una comunidad de su propia provincia han vuelto a provocar una reacción instintiva (y justificada) de muchos calagurritanos y también un pronunciamiento del Ayuntamiento, que se ofrece a “colaborar en una posible solución para evitar el abandono del convento”. 

El lunes pasado el Carmen recuperaba una de las funciones históricas de origen medieval que desempeñaban algunas iglesias: la de servir de espacio para la celebración de la asamblea de todos los vecinos de un pueblo para tratar y debatir determinados asuntos sobre lo común, las cuales se hacían “ante iglesia”, a las puertas de las parroquias, en sus pórticos, soportales o atrios (de ahí que en Vizcaya a las entidades locales menores se las denomine “anteiglesias”). En este tipo de reuniones, en las que lo que está en juego es algo que afecta a una colectividad y en las que lo que se pone en juego son las más firmes convicciones de cada uno, lo más probable es que se eleve el tono de la voz, se aplauda a una intervención con la que se está de acuerdo, se proteste tras decirse algo con lo que no se concuerda, se genere cierto alboroto, etc. Y eso es lo que pasó en la reunión con el Padre Provincial Lázaro Iparraguirre del pasado lunes, en la cual varios asistentes profirieron palabras tan duras como aquellas piedras lanzadas por los niños. Pero, ¿acaso no se esperaba que ocurriera algo semejante si incluso hay disensiones entre los propios frailes?, ¿acaso no se esperaba que ocurriera algo semejante si se dijo que hay que reforzar otras comunidades siendo una de ellas la de Logroño?, ¿acaso no se esperaba que ocurriera algo semejante si se vino a dar un plazo de un año para encontrar soluciones a un hecho que parece consumado y a unos problemas económicos que no habían sido comunicados oficialmente hasta entonces? Menos mal que tras hablar de dificultades financieras el Padre Provincial no mencionó nada de la comunidad que la Provincia tiene en Montecarlo, porque puestos a disolver comunidades podrían haber optado por aquella (permítanme la demagogia).

Con todo, parece deducirse de las palabras del Padre Provincial, que el problema esencial (al margen de la falta de vocaciones) para la permanencia de la Orden de los PP. Carmelitas Descalzos en Calahorra es que ésta no cuenta con los recursos económicos suficientes para adaptar las instalaciones a las necesidades de frailes de avanzada edad y para rehabilitar algunas zonas deterioradas del convento. Por ello, ante la inacción aparente de los rectores de la Provincia de San Joaquín de Navarra, la diócesis de Calahorra debería intervenir y liderar la búsqueda de soluciones a este problema.


viernes, 25 de septiembre de 2020

Revista Reserva: ¿Adónde vamos ahora?

La pandemia de la COVID-19 está demostrando ser un «hecho social total», un fenómeno que pone en juego y visibiliza la totalidad de las dimensiones de lo social. En este sentido, el coronavirus ha recolocado en el tablero de la vida algunos elementos que la normalidad tiende a invisibilizar; en esta columna voy a señalar seis de ellos.

El primero es la «sociedad del riesgo» en la que vivimos, analizada por Ulrich Beck como una consecuencia de la globalización que deriva en problemas y amenazas (culturales, financieras, sociales, medioambientales, técnico-científicas, militares, sanitarias, criminales…) comunes que se complementan y acentúan mutuamente y que escapan al control individual de los estados. Y es que, la vulnerabilidad, la inseguridad, la inestabilidad y la conflictividad han sido y siguen siendo atributos del mundo occidental y de la especie humana, cuya supervivencia no es algo seguro y necesario y cuya existencia es, en sí misma, un milagro o, si se prefiere, una casualidad. 

El segundo elemento que se ha reorientado ha sido el poder (político y económico) de los Estados, el cual se ha reforzado a costa de la limitación de los derechos de los ciudadanos para preservar a la población de un contagio que hubiera provocado el colapso total del sistema sanitario y la multiplicación del número de fallecidos. 

El tercer elemento es el componente tecnocrático creciente en la democracia, esto es, el condicionamiento de las decisiones políticas del gobierno a los dictámenes de determinados expertos, considerándose la competencia técnica un criterio superior al de la ideología para gestionar eficazmente un problema. De esta forma, la tecnocracia implica una limitación de las responsabilidades que conlleva cualquier decisión política, pudiéndose atribuir parte de ella a un experto. En el caso de la presente crisis sanitaria, el conocimiento de los técnicos ha servido para reducir la incertidumbre en la acción política, pero a pesar de ello, ésta ha seguido siendo inmensa. Presumiblemente, cuando llegue la nueva normalidad, el gobierno y sus expertos deberán responder de sus responsabilidades ante el Parlamento y, si es preciso, ante los tribunales. 

El cuarto elemento que el coronavirus nos ha recordado es la falibilidad de la ciencia. «Las soluciones utópicas que nos ofrece la ciencia sólo son significativas para los que vendrán. La ciencia siempre llegará demasiado tarde para los humanos corrientes», escribía con acierto José Luis Villacañas en su artículo «Cuarentena mental» en El Levante-El Mercantil Valenciano (09/03/2020). Y es que, a pesar de las pretensiones de saber a prior de la ciencia, con el SARS-CoV-2 el mundo empírico ha sobrepasado a la biología, más humilde que la física-matemática, que no ha podido decir con altivez: «¡Esto ya lo conocemos, sabemos sus leyes!». 

El quinto elemento es la tentación paternalista del Estado, manifestada en el caso español en una normativización abusiva que obliga al ciudadano a leer el BOE mientras desayuna para saber qué es lo que puede hacer y lo que no cada día, una normativización que era válida en la gestión de la crisis, pero muy cuestionable durante la desescalada. «Ahora toca devolver responsabilidad a la ciudadanía para poder ya pasar de esta fase de reducción a la minoría de edad», es hora de que el gobierno nos dé «la oportunidad de comportarnos según nuestra conciencia y responsabilidad», como reclamaba Josep Ramoneda en su columna «Liberar a la ciudadanía», en El País (21/05/2020); porque un gobierno que desconfía de la capacidad de los ciudadanos para decidir por sí mismos está abocado a perder la confianza de sus gobernados. 

Con todo, esta cuarentena ha impuesto un alto en el camino, un parón radical en las labores cotidianas y programadas, constituyendo la condición de posibilidad de la realización de un interrogatorio exhaustivo de uno mismo a sí mismo que probablemente haya concluido con la pregunta «¿adónde vamos ahora?». No obstante, esta pregunta siempre estuvo latente en la normalidad previa a la pandemia, por ello, es el sexto elemento que el coronavirus ha desvelado y que quería mostrar aquí: la eterna incertidumbre ante el futuro.  


martes, 25 de agosto de 2020

Revista Reserva: Anomalías

La Corona no es una entidad metafísica que esté por encima de sus portadores, sino que es la persona misma que la encarna en cada momento. Por ello, lo que afecte a la persona afectará directamente a la institución. Este vínculo entre la persona y la institución queda reforzado al ser ésta un órgano constitucional unipersonal que no está sujeto a rendición de cuentas ni a ningún mecanismo de control y en el que no es posible la alternancia más allá de la sucesión hereditaria. 

Tras el fin de la dictadura franquista, el proceso constituyente supuso la resolución del conflicto sobre la forma política del Estado alcanzándose un consenso favorable a la monarquía que llegó a incluir al PCE, cuyo secretario general, Santiago Carrillo, defendió en el Congreso de los Diputados que el Jefe del Estado había sabido «hacerse eco de las aspiraciones democráticas» y había asumido «la concepción de una monarquía democrática y parlamentaria», siendo «una pieza decisiva en el difícil equilibrio político» (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 59, 5 mayo 1978, pp. 2037-2038). «En aras de la democracia y de la paz civil […] afirmamos que mientras la Monarquía respete la Constitución y la soberanía popular, nosotros respetaremos la Monarquía» (ib.), concluía Carrillo. Efectivamente, Juan Carlos I, monarca absoluto a la muerte de Franco, optó por emprender la senda hacia la democracia. Su papel como uno de los actores clave de la Transición no será borrado de la Historia, pero tampoco la sombra de la sospecha que le acompaña desde la década pasada. Si Juan Carlos de Borbón es juzgado por sus actos presuntamente delictivos y el Tribunal Supremo (o el tribunal suizo que corresponda) prueba dichos actos en una sentencia condenatoria, se confirmaría que el monarca habría abusado de la Constitución que el mismo sancionó y de la inviolabilidad, basada en el principio medieval inglés según el cual «el Rey no puede hacer el mal» (the King can do not wrong), que ésta le garantizó durante su reinado. Además, habría abusado de la confianza de la voluntad general materializada en la Carta Magna como un acto de soberanía popular. Con todo, la monarquía (en determinados momentos) habría dejado de respetar la Constitución y la soberanía popular, ¿merecería entonces nuestro respeto? Óscar Alzaga, miembro de UCD en la Comisión Constitucional del Congreso durante la Legislatura Constituyente, afirmó en dicha comisión que si el Rey delinquiese «nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la institución monárquica». A día de hoy, el fin de esta institución depende de una reforma agravada de la Constitución (procedimiento regulado en el art. 168) que exigiría el acuerdo entre PSOE y PP, así como la conformación de un nuevo consenso constitucional sobre la forma de Estado. Éstas son dos condiciones que, actualmente, parecen irrealizables.

La defensa de la Constitución es también la defensa de la posibilidad de su reforma. Así, independientemente de la situación judicial del Rey emérito, que todavía no ha sido imputado en ninguna causa, y del destino de la monarquía, dos elementos del Título II (De la Corona) requieren una revisión inapelable: el primero es el de la ya mencionada inviolabilidad del Rey (art. 56.3), que constituye una contradicción deliberada y manifiesta del artículo 9.1 que establece que todos los poderes públicos «están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» (cláusula Estado de Derecho); el segundo es el de la prelación del hombre sobre la mujer en el acceso a la Jefatura del Estado (art. 57.1). Ambas anomalías no deberían tener cabida en un Estado democrático. 


viernes, 6 de marzo de 2020

Extracto "Historia de Calahorra y sus Glorias"

Hemos hablado de vestigios de la época romana de Calahorra y no nos atrevíamos a denominar monumentos, ya que desgraciadamente no ha tenido la misma ciudad el natural empeño que debiera haber tenido en la conservación de los mismos. En los 62 años de nuestra existencia, hemos visto ir desapareciendo lo que, si las nuevas construcciones hubieran sido mejor pensadas, se hubiera conservado como honrosamente adquirido. Todo yace ya en gran parte confundido con los cimientos de edificios modernos, o destinados a usos domésticos dentro de su circuito. ¿Dónde están aquellos objetos que como recuerdos históricos hemos ido refiriendo? Edificios, piedras, columnas, medallas, trozos de acueductos, termas, estatuas, láminas, armas... ¡Qué interesante Museo podía Calahorra haber conservado, y a los propios y extraños siempre haber exhibido! Todo se va ocultando, y quizá para siempre. Llegará día, cuando, si acaso, solamente se conserve el recuerdo en las páginas de algunos libros. Esta consideración nos causa tristeza; y, contrarrestando de alguna manera los pensamientos tétricos que agobian nuestra alma al recordar lo pasado, ver lo presente y presagiar lo futuro, hemos creído oportuno recoger en pequeño volumen lo más saliente de lo que de nuestra querida patria, de invencible y vencedora Ciudad, se ha escrito como tesoro de sus trofeos y glorias; rebatir cuanto por malicia o ignorancia se ha publicado con incomparable audacia contra la grandeza de nuestra gloriosa historia; lamentar, en fin, lo tristemente ocurrido, la apatía en conservar nuestras cosas, nuestros privilegios y derechos.

Padre Lucas de San Juan de la Cruz, Historia de Calahorra y sus Glorias, Libro Primero, párrafo VIII, pp. 165-166.

sábado, 25 de enero de 2020

Revista Reserva: Más de cuatro siglos

La noticia publicada por esta revista de que el Carmen podría echar el cerrojo este año ha generado una reacción de asombro y pesadumbre en gran parte de los calagurritanos debido al vínculo emocional-espiritual e histórico que une el santuario con su ciudad, un vínculo de más de cuatro siglos. 

Fue una mujer, Cecilia del Nacimiento, maestra de novicias y, posteriormente, priora, quien a base de influencia, contactos y tesón logró la fundación del convento de la Orden de los PP. Carmelitas Descalzos en Calahorra (la primera de la Rioja). Convenció al Cabildo, al Consistorio y al General de la Orden, de quien se obtuvo la autorización necesaria. En 1602, el obispo Pedro Manso de Zúñiga y el Rey otorgaron sus respectivas licencias. Ese año se iniciaron las obras y vinieron los dos primeros carmelitas para inspeccionar los terrenos y la construcción, pero no fue hasta 1604 cuando los frailes pudieron trasladarse al Carmen. Hasta entonces, estuvieron alojados en casa del regidor y después en una alquilada por la Orden, reconvertida en un pequeño convento inaugurado el 13 de junio de 1603. Ese día, como escribe J. M. Maquirriain en el “Largo día de los Carmelitas Descalzos en Calahorra: 1603-2003”, entraban “oficialmente los carmelitas a ser convecinos y a compartir y conformar parte de la historia de Calahorra”. Una historia común de más de cuatrocientos años en la que la influencia es mutua: el espíritu carmelitano invade a numerosos calagurritanos que sienten la llamada del Carmelo, se forma la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen en 1603 (a la que sucederían otras asociaciones), se celebran fiestas, se ofrece instrucción, conferencias, cursos…, además de los servicios religiosos. Una historia común con dos interrupciones por la supresión de las órdenes religiosas. La primera desde 1809 a 1813 con la invasión francesa, aunque los carmelitas pudieron permanecer unidos en Calahorra con el apoyo de sus vecinos. La segunda desde 1836 a 1883 conllevó la venta del convento y produjo una disgregación, pese a ello la iglesia “siempre estuvo abierta y aseada […]. Siempre estuvo un ermitaño a su cuidado”, como señala en “Historia de Calahorra y sus Glorias” el Padre Lucas, carmelita descalzo enterrado precisamente en el claustro del Carmen. Desde 1883 hasta hoy el santuario ha permanecido vivo.

Con todo, el cierre del Carmen no depende exclusivamente de la Orden de los PP. Carmelitas Descalzos sino también del obispado de Calahorra. Y es que tras la segunda exclaustración hubo un cambio en la propiedad del convento (entre otros acontecimientos dignos de recuerdo pero que desbordarían este artículo) y ésta acabó recayendo en el obispo en 1879. Éste lo cedió a la Orden en 1999, estableciéndose que en el caso de que ninguna congregación se hiciera cargo del culto la propiedad volvería a ser del obispo, para así garantizar que siguiese siempre abierto. En cualquier caso, ni la Orden ni el obispado deberían permitirse deshabitar el santuario. Cuatrocientos años de historia y todos los carmelitas que en él vivieron los observan.


martes, 26 de noviembre de 2019

Revista Reserva: Torres

Las polémicas, ya sean sobre manifestaciones legales o contramanifestaciones anónimas o sobre otros tantos motivos, no envuelven las publicaciones en la página de Facebook de Javier Garrido Romanos, lo hacen su trabajo y su pensamiento. En ellas incluye siempre imágenes de sus pinturas y dibujos acompañadas por un texto, siendo lo escrito, en la mayoría de los casos, una pura continuación del lenguaje pictórico. Y es que sus palabras, líneas y manchas son consecuencia de su propia forma de pensar el mundo desde una creación artística que busca captar lo oculto y lo eterno, lo misterioso y lo inaprensible y, en última instancia, el aura, en el sentido de Walter Benjamin, la autenticidad de las realidades en su relación con el espacio y el tiempo, es decir, en su ligazón con la historia y en su inscripción en la estructura de la tradición, todo ello desde la experiencia del instante. Teniendo esa perspectiva vital, no es extraño que desde hace tiempo dedique sus publicaciones a reivindicar la imagen de una Calahorra que desaparece, que ya ha desaparecido o que ha sido transformada. Así, Garrido ha ido realizando una radiografía de esa Calahorra que ya no es, mostrando a través de su obra los espacios que han sido ocupados, los paisajes que han sido alterados y las construcciones que han sido deconstruidas. 

Este mes las fábricas y sus chimeneas, la de Francisco Moreno (aún en pie) y la hexagonal (de las pocas, si no la única, que existía en La Rioja) de Barriobero (derribada), eran las protagonistas de dos de los cuadros compartidos por Garrido. La “torre” de la fábrica de conservas Barriobero fue derribada (previa retirada de un nido de una pareja de cigüeñas que llevaba más de una década asentada allí) junto con la chimenea de la Cerámica La Estaca en febrero del año 2000, la primera debido a la construcción del ARCCA y la segunda por un requerimiento de Demarcación de Carreteras y su mal estado de conservación por la caída de un rayo.  “Vivimos en una era en la cual la antigua obra civil no importa un ‘carajo’, lo mismo se derriban históricas fábricas (Alcoholera de Haro), que chimeneas, que puentes, que edificios con raigambre (Comandancia de Logroño)”, se lamentaba en el Eco Jesús María García en un artículo titulado “Calahorra, antigua ciudad a la escombrera”. “Tenemos un Ayuntamiento, más preocupado en dar una imagen de dinamismo y renovación que en conservar nuestras señas de identidad como pueblo, nuestra cultura y nuestro patrimonio, más o menos estético, pero al fin y al cabo, ¡Nuestro!”, reprochaba García al gobierno de Pagola.

Pues bien, en noviembre del año pasado, otra insigne torre calagurritana poblada por cigüeñas era asediada por la polémica. El Cuartel de la Guardia Civil era el centro de la opinión pública debido al proyecto del Ayuntamiento de derribarlo para construir, en principio, un parquin. Hoy en día, el plan parece, afortunadamente, paralizado y un nuevo gobierno tiene la oportunidad, de demostrar interés por la antigua obra civil y por conservar y repensar el cuartel, pudiendo idear una solución creativa, eficiente y alternativa a su demolición. 


domingo, 25 de agosto de 2019

Revista Reserva: Derechos y Memoria

 El pasado viernes el Boletín Oficial del Estado publicaba la lista oficial de los españoles que fueron asesinados o murieron a causa de las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen. En total 4.427 nombres, con sus apellidos, lugares y fechas de nacimiento y fechas de defunción que permitirán a los familiares de las víctimas inscribir sus defunciones en el registro civil. Dos de esos 4.427 nombres publicados en el BOE son de hombres calagurritanos: Manuel Vicente Gil Díaz y Teodoro Pérez Sáenz. Otro calagurritano, Pedro Muro, murió en Dachau, por lo que no aparece en el listado. Una síntesis de sus historias puede leerse en Aquí nunca pasó nada de Jesús Vicente Aguirre. Mejor suerte corrieron dos conciudadanos nuestros que lograron sobrevivir, Cándido León Antoñanzas y Francisco Jaime Lorente, cuya huida de la muerte nunca podremos conocer ni tan siquiera imaginar. 

La reparación para las víctimas de “delitos contra la humanidad” o de “crímenes contra la condición humana”, como se tipificaron ad hoc los crímenes del nazismo en Núremberg, ha de estar ligada a los Derechos Humanos y a la memoria histórica. En este sentido, los Juicios de Núremberg sirvieron, con todos los matices que se desee, para hacer justicia: sopesar las acusaciones dirigidas contra los procesados, juzgar y aplicar el castigo. Los principales responsables políticos y técnicos de la barbarie fueron condenados. Así mismo, desde la política se luchó por desnazificar Alemania (prohibición de la apología del nazismo y del Holocausto, así como de su negacionismo, ilegalización de grupos neonazis…) y por hacer de los grandes campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, monumentos contra el olvido de las víctimas (no solo judías) dotadas así de una presencia constante, monumentos que sirven de sustrato material para el recuerdo, para la memoria histórica. Con todo, se podría pensar que las (doblemente) víctimas españolas en campos alemanes han recibido una reparación más completa por parte del estado germano que por su patria y, efectivamente, no sería un pensamiento erróneo. Así, las víctimas de la represión durante la guerra civil primero y del franquismo después, exigen con razón hoy en día, 80 años después del fin de la contienda su total reparación, es decir, el juicio a los criminales y sus cómplices y la rehabilitación de la memoria: que se prohíba la apología del franquismo y se ilegalice a los grupos neofranquistas, que se cuenten y se recuerden las historias particulares de las víctimas, que se recuperen sus cuerpos. Hasta entonces el Estado estará en deuda con ellas y con la Historia.

En Calahorra con la llegada de la democracia las familias se organizaron para recopilar la historia de la mayoría de las víctimas de la represión y lograron exhumar todos los cadáveres posibles. Sin embargo, quedaría pendiente una ardua tarea: documentar y elaborar un listado de los asesinados “legalmente”, encarcelados y torturados, depurados… después de 1939 por la dictadura por motivos ideológicos o económicos, especialmente en virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas. Esa es la deuda particular de Calahorra.


jueves, 27 de junio de 2019

España: acceso a la agenda política del problema de la obesidad


1.      Introducción.


La obesidad es un nuevo problema político que ha surgido como tal en el siglo XXI debido al incremento de la población que la padece y a las consecuencias para la salud y la esperanza de vida de esta enfermedad crónica multifactorial. Así, la obesidad ha dejado de ser concebida como un problema estético o meramente sanitario para ser tratado como un problema público y político que requiere soluciones.

sábado, 9 de febrero de 2019

Microrrelato: 1953

Salió del Palacio santiguándose, sin su solideo púrpura, ni su cruz, ni su anillo. Antes de partir entró en la que había sido su casa durante más de 30 años. Con el tobillo fracturado se le hizo difícil bajar las escaleras pero al mojar sus dedos en agua bendita el dolor amainó. La amargura de su alma, sin embargo, permanecería hasta el fin de sus días. En un silencio sepulcral, caminó hasta el altar mayor y se arrodilló ante el sagrario. No tenía nada de lo que arrepentirse. Había defendido el amor a Dios y a la Humanidad en tiempos de sangre y fuego, y sólo el odio y la mentira le habían derrotado. Las campanas interrumpieron su oración. Debía partir. Sólo un coche le esperaba a la salida. Nadie había
acudido a despedirse. El disidente, aquel que pudo haber sido Primado de España, iniciaba su condena; partía hacia el olvido.

viernes, 18 de enero de 2019

La cuestión catalana

Respecto a la cuestión catalana, es necesario partir de la base de que no cabe derecho de autodeterminación. Ahora la mayoría de los catalanes ya no dicen como en 1932: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español” como afirmaba Azaña en el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña en las Cortes, ahora parecen decir: “Queremos vivir fuera del Estado español”. Sin embargo, esta pretensión es ilegítima en el sentido que no cabe dentro de la ley, es más, rompe con ella y desarticula la Constitución de 1978. El problema catalán debe ser, entonces, resuelto ofreciéndose una alternativa posible de convivencia dentro del orden jurídico que es España: ésta pasa por la reforma constitucional y/o por una utilización innovadora de los recursos disponibles actualmente. La alternativa será, sin duda y en cualquier caso, temporal ya que mientras España subsista parece, vista la escasa historia democrática que hasta hoy nos precede, condenada a una eterna política de apaciguamiento con Cataluña como así lo llegó a ver el propio Azaña, ya descontento, en 1940: “nuestro pueblo está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario o asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones”[1]. Todo lo que se haga y se conceda nunca será suficiente, siempre se reclamará otra acción o concesión más. Sin embargo, es cierto que cuando la circunstancia para el país es de bonanza en todos los sentidos, el nacionalismo catalán tiende a diluirse, mientras que un estado de decadencia hace resurgir el espíritu de la autodeterminación. Así lo señalaba Ortega: “Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos; un Estado de buena ventura, los nutre y los reabsorbe”[2]. Por tanto, el buen hacer político: el fin de la corrupción, la eficacia de la Justicia, el sostenimiento de un Estado del Bienestar que satisfaga las necesidades básicas de los ciudadanos, el crecimiento económico y la reducción del paro, el consenso en las políticas de Estado, el fin de la crispación política, el dialogo entre el gobierno central y las autonomías, unos objetivos claros que alcanzar colectivamente…, en resumen, un sugestivo proyecto de vida en común que ilusione socaba desde la raíz el movimiento independentista porque la causa de la necesidad de salir de un Estado bienaventurado se vuelve absurda. Esta sería la primera condición que se debiera garantizar para gestionar el problema. Si, incluso en circunstancias beneficiosas, el problema persiste de forma exaltada, un régimen fiscal propio como el vasco puede ser incluido en un nuevo y amplio Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformando la Constitución si es preciso. Pero, de cualquier modo y como conclusión, como diría Ortega, la cuestión no es la resolución (imposible) del problema sino conllevarlo si es posible hasta el final de los tiempos, cediendo lo menos posible cuando la situación sea insostenible y aplicando el artículo 155 cuando se atente directamente contra la Constitución (como el 6 y 7 de septiembre de 2017). “El conllevarnos dolidamente, es común destino”[3] y conllevarnos diariamente con un cuidado exquisito y una atención permanente por parte del gobierno central hacia los verdaderos problemas cotidianos de los catalanes, que son idénticos a los de la mayoría de los españoles, incluyendo los que tocan a sus particularidades (su cultura, su lengua y sus formas de vida propias y características) es la mejor forma de hacerse cargo de la cuestión catalana.

[1] Manuel Azaña, Causas de la guerra en España, (Barcelona: Grijalbo, 2002), 61.
[2] José Ortega y Gasset, Discurso sobre el Estatuto de Cataluña, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, Núm. 165, 13 de mayo de 1932, 5582.
[3] Ibid. 5577.

lunes, 20 de marzo de 2017

Modernidad y Emancipación

El orden moral de la Modernidad o el sentido común Neoliberal

El orden moral consiste en las actividades de la vida cotidiana gobernadas de acuerdo a reglas. Los miembros de una sociedad encuentran y reconocen el orden moral como un curso de acción normalmente perceptible, compuesto por escenas familiares de asuntos cotidianos y por el mundo de la vida diaria reconocido y dado por sentado en común con otros. Se refieren a este mundo como «los hechos naturales de la vida» que, para los miembros son, de principio a fin, los hechos morales de la vida. Para ellos no es sólo importante el hecho de que tales asuntos sean escenas familiares, sino que lo son porque es moralmente correcto o incorrecto que así lo sean. Las escenas familiares de actividades cotidianas, tratadas por los miembros como «hechos naturales de la vida», constituyen hechos relevantes de la existencia diaria de los miembros, como mundo real y como producto de actividades en un mundo real. Tales escenas proveen lo «fijo», lo «esto es así» al cual nos invita nuestro estado de vigilia[1]

La RAE define “sentido común” como: “Capacidad de entender o juzgar de forma razonable”. La definición es acertada pues el sentido común depende necesariamente de lo que se considere “razonable” y, por tanto, de quién establezca lo “razonable” o lo “no-razonable”. Así, nunca se puede entender el sentido común como una inteligencia innata normal. Aunque, lo que está claro es que, el sentido común puede llegar a ser “naturalizado” en la vida de las personas como algo normal, como una ley moral universal, como un orden moral, que dicta como se debe pensar y actuar para adaptarse a determinadas situaciones, salir adelante, sobrevivir o prosperar. Es la forma normal de hacer las cosas, la forma normal de pensar las cosas, la forma normal de ser humano. Entendiendo lo normal como lo moralmente correcto. Con lo que quien establezca qué es lo razonable, construirá el sentido común y, con él, el orden moral.