El pasado viernes el Boletín Oficial del Estado publicaba la lista oficial de los españoles que fueron asesinados o murieron a causa de las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen. En total 4.427 nombres, con sus apellidos, lugares y fechas de nacimiento y fechas de defunción que permitirán a los familiares de las víctimas inscribir sus defunciones en el registro civil. Dos de esos 4.427 nombres publicados en el BOE son de hombres calagurritanos: Manuel Vicente Gil Díaz y Teodoro Pérez Sáenz. Otro calagurritano, Pedro Muro, murió en Dachau, por lo que no aparece en el listado. Una síntesis de sus historias puede leerse en Aquí nunca pasó nada de Jesús Vicente Aguirre. Mejor suerte corrieron dos conciudadanos nuestros que lograron sobrevivir, Cándido León Antoñanzas y Francisco Jaime Lorente, cuya huida de la muerte nunca podremos conocer ni tan siquiera imaginar.
La reparación para las víctimas de “delitos contra la humanidad” o de “crímenes contra la condición humana”, como se tipificaron ad hoc los crímenes del nazismo en Núremberg, ha de estar ligada a los Derechos Humanos y a la memoria histórica. En este sentido, los Juicios de Núremberg sirvieron, con todos los matices que se desee, para hacer justicia: sopesar las acusaciones dirigidas contra los procesados, juzgar y aplicar el castigo. Los principales responsables políticos y técnicos de la barbarie fueron condenados. Así mismo, desde la política se luchó por desnazificar Alemania (prohibición de la apología del nazismo y del Holocausto, así como de su negacionismo, ilegalización de grupos neonazis…) y por hacer de los grandes campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, monumentos contra el olvido de las víctimas (no solo judías) dotadas así de una presencia constante, monumentos que sirven de sustrato material para el recuerdo, para la memoria histórica. Con todo, se podría pensar que las (doblemente) víctimas españolas en campos alemanes han recibido una reparación más completa por parte del estado germano que por su patria y, efectivamente, no sería un pensamiento erróneo. Así, las víctimas de la represión durante la guerra civil primero y del franquismo después, exigen con razón hoy en día, 80 años después del fin de la contienda su total reparación, es decir, el juicio a los criminales y sus cómplices y la rehabilitación de la memoria: que se prohíba la apología del franquismo y se ilegalice a los grupos neofranquistas, que se cuenten y se recuerden las historias particulares de las víctimas, que se recuperen sus cuerpos. Hasta entonces el Estado estará en deuda con ellas y con la Historia.
En Calahorra con la llegada de la democracia las familias se organizaron para recopilar la historia de la mayoría de las víctimas de la represión y lograron exhumar todos los cadáveres posibles. Sin embargo, quedaría pendiente una ardua tarea: documentar y elaborar un listado de los asesinados “legalmente”, encarcelados y torturados, depurados… después de 1939 por la dictadura por motivos ideológicos o económicos, especialmente en virtud de la Ley de Responsabilidades Políticas. Esa es la deuda particular de Calahorra.
